La ciudad de Medellín afronta uno de los más significativos casos de violencia urbana, que luego, por desplazamiento de los protagonistas, prófugos de los hechos delictuosos, se desplazan a la Región Caribe, para seguir con el mismo oficio de asesinar o formar parte del sicariato, constituyendo una fuerte empresa del crimen.

No sabemos si es que el Sistema Penal Acusatorio es un mal injerto que no acusa debidamente o si, por el contrario, le aplican el plan tortuga, cuando debiera ser veloz como una liebre. Ahí hay algo raro, que no cuadra bien después de todos los entrenamientos que sobre el tema se han hecho, especialmente en los entes que tienen a su cargo iniciar los primeros procedimientos para las capturas. Lo que da como resultado es la obtención de la libertad en menos de lo que canta un gallo. Eso significa, que para el delincuente el riesgo es que lo dejen libre y lo seguro es que lo suelten en un santiamén. Así las cosas, se está al frente de un Sistema Penal Acusatorio equivocado, no apropiado para la idiosincrasia colombiana, en que delincuentes o no delincuentes le buscan la comba al palo, para que la libertad sea la nota predominante en paralelo con el delito. Resulta vergonzoso para un país tradicionalmente de leyes como el nuestro, que no hayan podido encontrar un modelo, que ponga dentro de las rejas a los delincuentes de todas las calañas que tiene el país. Pero más contradictorio es que un sicario tiene mayor posibilidad de estar en la calle, que un congresista acusado de tener vínculos o con las guerrillas o los paramilitares, o casos como el de la ‘yidispolítica’. Pareciera que la ley en este país se manejara más con un criterio político, que con un fundamento esencialmente justo y legal. Es decir, es más protuberante y llamativo meter a la cárcel a un congresista, que a otro tipo de delincuente, como los sicarios, ladrones, atracadores. Y la verdad es que, para efectos de publicidad, es mejor encerrar a un senador, un ministro, cualquier persona que pueda generar escándalo, que no lo provoca un vulgar delincuente. El caso de la ciudad de Medellín, que se ha vuelto exportadora de este tipo de bajas conductas, sin duda alguna, es un dolor de cabeza, para las restantes regiones del país, pacíficas por excelencia, y ahora en tela de juicio, ante los constantes sucesos de orden sicarial que se presentan en ciudades capitales, como Cartagena, Barranquilla, Riohacha, Santa Marta. Nada de esos brotes de violencia son sanos para un país que lucha contra los terroristas de las Farc y el ELN. A veces nos trajina la idea que la táctica del terrorismo, ante el callejón sin salida en que se encuentra, es urbanizar el conflicto, diseminando aisladamente estos golpes de opinión que distraen a las autoridades y que, al momento de reaccionar, están concentradas en otra actividad, la urbana, es ahí, donde queda el flanco para un golpe de grandes magnitudes. La seguridad democrática debe también urbanizarse. El ojo avizor descubre las sorpresas.