uestra clase dirigente, empezando por los gobernantes de turno, está aletargada esperando que los parlamentarios resuelvan lo que el Gobierno central intenta hacer con nuestras regalías.

Da la impresión que existiera una complacencia, que tanto gobernadores, como alcaldes, diputados, concejales y gremios, estuvieran mirando complacidos, las maniobras de los ministros Carlos Rodado Noriega y Juan Carlos Echeverry, para quitarles a las regiones más pobres los derechos a unas regalías, que perciben por ser dueños del territorio donde se hacen explotaciones mineras.

No hay derecho que bajo el dudoso esquema de beneficiar a las regiones más pobres, se proyecte crear un Sistema Nacional de Regalías, en donde no existe la certeza que el Gobierno central vaya a darle un manejo claro, transparente, serio, responsable y sobre todo equitativo a estos recursos.

Precisamente, en Colombia, las regiones más deprimidas, La Guajira, Cesar, Casanare, Arauca, son las que perciben recursos de regalías por conceptos de explotación de hidrocarburos. Esos departamentos han venido superando algunos problemas de calidad de vida, con los recursos de regalías. Ahora, debemos reconocerlo públicamente, que en algunos casos, se ha venido haciendo mal uso de estos recursos, pero debemos cuestionar a los organismos de control, los cuales, a través de muchos años, no han podido ejercer un control serio y responsable, para frenar el despilfarro y la mala planificación de las obras.

Los departamentos y municipios generadores de regalías no pueden aceptar bajo ningún punto de vista, que se les cercene un derecho constitucional. Lo que debemos aceptar es que se aplique un severo rigor en los procesos de vigilancia y control de estos recursos para que no se malversen. No podemos permitir que en el Caribe o en la periferia de Colombia, somos ladrones, y en el centro del país, están los impolutos, los serios, los responsables. Para nadie es un secreto, que en Bogotá, Cali, Medellín y otras regiones del interior, diariamente, se cometen desmanes con el presupuesto. Tampoco podemos desconocer el desequilibrio, entre el centro y la periferia del país.

Quién podrá garantizar que la nueva ley maneje un equilibrio para repartir con equidad los recursos, si la experiencia indica que los recursos de las regalías de La Guajira han servido para ejecutar proyectos en las grandes ciudades de Colombia.

A La Guajira le ha correspondido hacer sus inversiones con los recursos de las regalías. Para la muestra un botón: los aportes que hizo el Departamento para el proyecto del Ranchería, al igual que los dineros del Plan de Aguas, los acueductos de Barrancas – Hatonuevo, la pavimentación de la vía Barrancas – La Mina, la construcción del corredor habitacional de Hatonuevo, la carretera Cuatro Vías – Uribia, entre otros, corresponden a recursos de regalías. La deuda social que tiene la Nación con La Guajira no ha sido saldada, y como ñapa, ahora le quieren quitar las regalías, dizque por malos manejos.

El propio ministro Carlos Rodado, nacido en el Atlántico, costeño para mayores señas, se ha convertido en abanderado de este proyecto, acompañado de otro costeño, pero ‘cachaquizado’, como Armando Benedetti, presidente del Congreso. Ellos, Rodado y Benedetti, siempre han mirado con desdén a La Guajira, si no recordemos las grandes discusiones por el manejo del gas de este Departamento.